El Gobierno Regional de Piura y el Proyecto Alto Piura harán prevalecer las normas establecidas en la Ley de Contrataciones, frente a la paralización de obras del primer componente del PEIHAP por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi, que tiene a cargo los trabajos de perforación en el frente de entrada y salida del túnel de trasvase.

El 21 de agosto del presente, el Proyecto Alto Piura envió una carta notarial al consorcio exigiéndole que reinicie los trabajos. Según lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y, además, la Ley de Procedimientos Administrativos, la carta notarial se hace efectiva al día siguiente de realizada la notificación. El plazo establecido, de 15 días para reiniciar trabajos, se contabiliza a partir del 22 de agosto, por tanto el miércoles 05 de setiembre vence el plazo.

“Mañana, nuestro equipo de ingenieros, junto con la Supervisión, constatará si el contratista realiza algún movimiento de personal y maquinaria para reiniciar los trabajos. Todo el procedimiento que se está realizando se enmarca en la Ley de Contrataciones, por tanto el PEIHAP está cumpliendo con cada uno de los pasos establecidos, para poder hacer frente a cualquier apelación del contratista”, indicó el Ing. Marco Vargas Trelles, Gerente General del Proyecto Alto Piura.

“El 06 de setiembre, en caso el contratista no tenga intención de reiniciar los trabajos, se le notificará mediante una resolución la intervención económica, a partir de ahí tiene tres días de plazo para contestar, de no hacerlo queda expedito el camino para iniciar el proceso de resolución de contrato”, explicó el Ing. Marco Vargas.

Señaló, que el contratista ha manifestado que en los dos kilómetros y medio de perforación del túnel de trasvase, el tipo de roca es diferente al que estaba proyectado, por ende tuvieron que invertir mucho más de lo establecido en el contrato, llegando a un punto en el que no cuentan con los recursos financieros necesarios para continuar los trabajos, a pesar que el PEIHAP les ha cancelado puntualmente todas las valorizaciones presentadas.

“Para lograr una compensación, el contratista pretende que se les amplíe el adelanto directo, lo cual no se puede realizar porque el monto del adelanto directo se estableció para la licitación pública internacional, por tanto no se puede modificar las reglas que se utilizaron para contratarlos. No podemos modificar el contrato, es imposible que ampliemos el adelanto directo”, expresó.

Agregó, que a pedido de los congresistas se ha enviado una carta a la Contraloría General de la República, para consultar sobre las propuestas presentadas por el contratista, paralelamente se están realizando consultas técnicas y legales a especialistas para tomar la mejor decisión, siempre dentro del contrato y de la Ley de Contrataciones, que son las normas que marcan los procedimientos a cumplir.

“La Ley dice que la Entidad tiene la potestad de tomar la decisión que mejor favorezca al proyecto. Estamos siguiendo los pasos establecidos por la norma para reiniciar las obras, pero si no hay una respuesta positiva, no quedará otro camino que resolver el contrato. Si aceptamos todo lo que dice el contratista, no estaríamos custodiando los bienes del Estado. Nosotros hemos denegado sus pedidos, con sustentos técnicos bien definidos, como les denegamos, se van a arbitraje”, indicó.

Explicó, que si se llega a resolver el contrato, el PEIHAP cuenta con 78 millones de soles, además de las cartas fianzas por 58 millones de soles, con lo cual se tendría un aproximado de 130 millones de soles, para iniciar una nueva licitación.

“Hay una gran diferencia con respecto a la licitación anterior con Camargo Correa, a quien se le resolvió el contrato porque no había un expediente técnico definido, lo que llevó a una serie de atrasos y arbitrajes. Ahora es diferente, hay un expediente definitivo y a nivel de diseño, del túnel de trasvase y la presa, elaborado por el consorcio Obrainsa-Astaldi. Eso nos permite recortar lo avanzado y sacar a una nueva licitación el saldo de obra”, manifestó.