A partir del 05 de setiembre, que se venció el plazo para que el consorcio Obrainsa-Astaldi reinicie los trabajos, se tendían dos alternativas, resolver el contrato o ir por la intervención económica de la obra, se optó por esta última con la finalidad y el único objetivo de que el proyecto continúe, que es el clamor de todos los piuranos y, además, porque es de necesidad pública, manifestó el Ing. Marco Vargas Trelles, Gerente General del PEIHAP.

Reiteró, que se han seguido todos los pasos y trámites que establece y exige la Ley de Contrataciones para este caso. Indicó, que todas las acciones tomadas por el Gobierno Regional y por el Proyecto Alto Piura están debidamente sustentadas, detalladas y documentadas.

“La intervención económica tiene procedimientos legales que se han seguido de acuerdo a lo que las normas indican, en ese sentido el pasado martes 16 de octubre el Sr. Marco Marchetti, representante legal del consorcio, junto con el Gerente de Administración del PEIHAP, han firmado la apertura de la cuenta mancomunada donde se realizarán los depósitos que se vayan indicando”, detalló el Ing. Marco Vargas.

Sin embargo, señaló que el PEIHAP tiene que hacer frente a una empresa, que por un lado dice que colaborará con la intervención económica y por otro actúa de mala fe planteando medidas cautelares y arbitrajes sobre supuestos que no han sucedido, como es el caso de la apelación que el contratista ha presentado por resolución de contrato, cuando el contrato todavía no se resuelve.

“Hemos llegado a un punto en el que tenemos que resolver el contrato por dos motivos, uno por incumplimiento del contratista al paralizar las obras desde el 09 de agosto y el otro motivo, es que al interponer un arbitraje quiere decir que no aceptan la intervención económica”, expresó el Ing. Marco Vargas.

Explicó, que hay 11 arbitrajes presentados por el contratista, que suman 27 millones de soles, los cuales han sido planteados porque el Proyecto Alto Piura no ha aceptado las solicitudes de ampliaciones de plazo, porque no están debidamente sustentadas. Estas controversias deberán ser resueltas por un tribunal arbitral correspondiente.

Indicó, que una vez que se haya resuelto el contrato, hay dos alternativas, la primera es convocar a las tres empresas que participaron en la licitación anterior y preguntarles si tienen la intención de continuar con el saldo de obra, si hay más de una empresa que desea participar se debe realizar un concurso, de no ser así, se tendría que realizar una nueva licitación pública internacional, que pasaría para el próximo año.

Recalcó, que ha sido durante esta gestión que el Proyecto Alto Piura ha tenido su mayor avance, en ese sentido informó que se han invertido 157 millones de soles, de los cuales hay 56 millones que debe devolver el consorcio Obrainsa-Astaldi, por el adelanto de obra que se le otorgó, y los 101 millones de soles restantes se reflejan en el avance físico real de la obra, que significan 2.5 kilómetros de túnel, caminos de acceso y campamentos.

Cabe señalar, que solo está paralizado el primero de los cuatro componentes del Proyecto Alto Piura. El segundo componente comprende la construcción de dos centrales hidroeléctricas, el tercer componente se refiere a la irrigación y producción de cultivos en las tierras nuevas del PEIHAP.

“Mediante Ley N° 30783, se ha declarado de necesidad pública e interés nacional el cuarto componente del PEIHAP, el cual permitirá implementar una infraestructura moderna para mejorar el sistema de riego de 31 mil hectáreas, que son de los miles de agricultores que siembran en el valle del Alto Piura, en los distritos de Bigote, Salitral, Buenos Aires, La Matanza y Morropón”, indicó el Ing. Marco Vargas.