En respuesta al pliego de preguntas formuladas por la comisión investigadora del Consejo Regional, el Ing. Marco Vargas, Gerente General del PEIHAP, no solo brindó información escrita, sino que acudió a la sesión efectuada el 08 de noviembre, donde amplió sus explicaciones ante el requerimiento de cada uno de los miembros de dicha comisión, en una sesión que duró más de dos horas.

Informó, que la gestión llevada a cabo por el Proyecto Alto Piura, en el marco de la resolución de contrato, está basada rigurosamente en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y demás normas complementarias sobre la materia, no se basa en suposiciones, por tanto todas la decisiones tomadas están avaladas y respaldadas por las leyes peruanas, en salvaguarda de los intereses del Estado.

Explicó, que las propuestas presentadas por el consorcio Obrainsa-Astaldi para reanudar los trabajos del primer componente fueron rechazadas tajantemente por el PEIHAP por carecer de asidero legal y porque significaba una modificación sustancial de los términos contractuales.

“Asimismo, se pretendía con esas propuestas modificar las condiciones de las bases de licitación pública internacional efectuada en el 2015, atentando contra los principios básicos de las contrataciones del Estado”, indicó el Ing. Marco Vargas.

Señaló, que el contratista alega que suspendió sus obligaciones contractuales por un supuesto incumplimiento del PEIHAP, sin embargo la paralización definitiva de las obras por parte de Obrainsa-Astaldi responde a otro tipo de consideraciones, tal como lo ha señalado el contratista en comunicaciones anteriores, donde justifican su decisión de paralizar las obras por problemas de tipo social.

“Como ya se hizo público, estos problemas sociales son derivados justamente del incumplimiento por parte del contratista con las comunidades aledañas y a la falta de pago de sus proveedores locales y de los trabajadores despedidos”, expresó el Ing. Vargas.

De igual manera, el Consorcio Supervisor Hidráulico ratifica la posición del Proyecto Alto Piura, desvirtuando las aseveraciones del contratista respecto a incumplimientos del PEIHAP, y sostiene que no existen elementos que justifiquen la decisión unilateral de Obrainsa-Astaldi de paralizar las obras.

Así también, el PEIHAP solicita a la Contraloría General de la República emita opinión respecto a la viabilidad de atención de requerimientos del contratista para la continuidad de la ejecución de las obras, la Contraloría, entre otras cosas, manifiesta que no es competente para emitir opinión respecto a las propuestas de Obrainsa-Astaldi.

“Contraloría señala, que es responsabilidad del PEIHAP, por ser actos propios de gestión, evaluar dicha propuesta y tomar la decisión más conveniente en salvaguarda de los intereses del Estado, para cuyo efecto se debe considerar realizar el sustento técnico, legal y económico”, indicó el Ing. Vargas.

Precisó, que la razón de iniciar el procedimiento de intervención económica y luego realizar la resolución de contrato, fue en estricta aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo establecido en el contrato de obra suscrito en diciembre del 2015, entre el PEIHAP y Obrainsa-Astaldi.

Así como, en la opinión de los consultores externos contratados para evaluar la mejor alternativa con la finalidad de preservar el interés público, en la opinión del Consorcio Supervisor Hidráulico y de la Gerencia de Obras y Supervisión del PEIHAP, además de los informes legales que sustentan la emisión de las respectivas resoluciones gerenciales que concretan los procedimientos seguidos, hasta la resolución del contrato de obra.