Luego de sostener una reunión con el Ing. Gilmar Lizana Puelles, Gerente General del Proyecto Alto Piura, los ex proveedores del Consorcio Obrainsa-Astaldi acordaron iniciar las acciones legales correspondientes, para que mediante una orden judicial puedan cobrar las acreencias que el contratista les mantiene por los servicios prestados, durante la ejecución de los trabajos del Primer Componente del PEIHAP.

“Como Proyecto Alto Piura reiteremos nuestro compromiso de realizar todo lo necesario, en el marco que la Ley nos permite, para que la última valorización que está pendiente de pago sea destinada única y exclusivamente al pago de los ex trabajadores y ex proveedores de la zona”, manifestó el Ing. Gilmar Lizana.

Como se recuerda, el 28 de noviembre del año pasado, Obrainsa-Astaldi citó a sus ex proveedores a la ciudad de Lima para sostener una reunión, con el fin de fijar un cronograma de pagos de las deudas pendientes, además de reiniciar la constatación física, para la posterior liquidación de la obra.

Sin embargo, el contratista no presentó al PEIHAP los documentos necesarios para el pago de la valorización pendiente por S/. 800 mil soles, los cuales Obrainsa-Astaldi priorizaría para cancelar las acreencias de sus ex proveedores.

Cabe señalar, que en dicha reunión el Consorcio reconoció la falta de pago a sus proveedores derivado de sus propios problemas financieros y se estableció un mecanismo de cancelación mediante la venta de su maquinaria y equipo que se encuentra en el túnel, la recuperación del seguro por daños causados por el fenómeno de El Niño Costero, las deudas individuales que le tiene Obrainsa al Consorcio y, además, el pago de la última valorización que está pendiente.

Los proveedores indicaron, que a pesar de haber sostenido una reunión con el representante legal y los dueños de las empresas que conforman el Consorcio Obrainsa-Astaldi y de haber firmado un acta, donde quedaron plasmados los acuerdos, el contratista no ha cumplido su palabra, por lo que se sienten burlados y timados.

“Habíamos optado por la vía del diálogo y la concertación, de la buena fe, pero como hemos visto, Obrainsa-Astaldi solo está interesado en su propio bienestar, y no piensa en las miles de familias que han quedado endeudas y sin financiamiento para poder retomar sus actividades comerciales, eso es un delito y no debe quedar impune”, manifestaron los proveedores.